Discapacidad en Chile

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La Organización Mundial de la Salud estima  que el 15% de la población mundial está  compuesta por personas con discapacidad.

Al proyectar esta cifra al número total de habitantes a nivel nacional, llegamos a la  conclusión de que en la actualidad, la población con discapacidad que vive en  Chile, alcanza los 2.5 millones de personas.

El último Censo de población INE 2012 las cifra en 2.119.316 personas.

¿Le parecen elevadas las cifras? ¿La desconocía? Pues la primera aclaración es que reflejan la cantidad no solo de personas con discapacidad física, el estereotipo de persona en silla de ruedas, sino que estas abarcan todos los tipos y grados de discapacidad que comúnmente se encuentran invisibles en nuestra sociedad y que forman parte de la diversidad humana.

Para empezar, podemos definir “Discapacidad” como un concepto genérico, amplio, que se relaciona con una determinada condición física, sensorial, mental, intelectual, psiquiátrica o multidéficit, que limita actividades y restringe la participación,  determinando por lo general, una relación negativa entre quienes presentamos una o más deficiencias y los factores contextuales que nos rodean. “Es el medio social el que genera la discapacidad”, el encuentro entre nosotros y el medio que nos rodea,        es ahí donde debe estar el foco.

La vivencia de la discapacidad cambia, en tanto cambia nuestra relación o se modifica el medio social, económico y político donde nos desenvolvemos, entendiendo entonces que es más compleja la situación de quienes vivenciamos discapacidad en países subdesarrollados, con políticas públicas pobres, comparativamente con países más desarrollados, donde hace décadas se ha superado la tensión por proveer servicios integrales adecuados a las personas con discapacidad y sus familias.

No obstante lo anterior, se reconoce que en todo el mundo, las personas con  discapacidad tenemos peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas.

En Chile, la problemática de la discapacidad ha estado presente por más 40 años como una demanda importante de las organizaciones de la sociedad civil, cuya presión,  especialmente luego del retorno de la democracia a principios de los años 90, generó la discusión y posterior promulgación en 1994 del primer marco legal que beneficia a las personas con discapacidad en Chile, la Ley 19.284. Cabe destacar que este marco  legal fue reemplazado en el año 2010, por la Ley 20.422 que Establece Normas sobre la  Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad.

Lentamente y en un proceso no exento de críticas desde la sociedad civil, se  ha ido transitando desde el enfoque clásico asistencial de caridad centrado  en lo biomédico, hacia uno basado en los derechos humanos, que reconoce a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, como sujetos de derecho y no de caridad, poniendo el acento en las barreras sociales, más que en la deficiencia        que podamos presentar de manera permanente o transitoria, puesto que son precisamente estas, las que agudizan la exclusión, obstruyendo la verdadera y real integración.

Este enfoque centrado en los derechos humanos, exige a todo nivel, que se nos reconozca como ciudadanos sujetos de derecho. Principalmente el derecho que tenemos de acceder a la mejor calidad de vida posible en respeto de nuestra diversidad, lo que significa encontrar y disponer libremente de los servicios adecuados para la satisfacción de nuestras necesidades.

Hablamos de derechos especiales en el ámbito de la salud, el acceso a educación,  políticas claras entorno al trabajo, transporte accesible y sin discriminación, más participación ciudadana, entre otras áreas vitales. Esto es el resultado de un trabajo que hace décadas se viene desarrollando a nivel internacional y que visibiliza nuestros derechos, ubicándolos como una prioridad fundamental para los Estados.

En este sentido, al menos en el papel, y sumándose al avance que se registra en organismos internacionales como la ONU y la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, Chile ha alcanzado avances, en el camino para reconocer estos  derechos especiales. En 2002, por ejemplo, esta nación ratificó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra  las personas con discapacidad y en 2008 también firma como Estado parte la        Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y su protocolo facultativo.

Pese a la firma de estos tratados internacionales, así como convenios de protección laboral de la OIT, entre otros, la situación de las personas con discapacidad en Chile es particularmente adversa, pues experimentamos cotidianamente barreras para el disfrute y goce de nuestros derechos, sobre todo en materias tan sensibles como Salud, Educación, Trabajo y Transporte.

Solo en esta última (el derecho al transporte sin discriminación) se configura una barrera que lo hace inutilizable no solo en Santiago de Chile, sino también en regiones, por no contar con las adecuaciones mínimas, especialmente para las personas con movilidad reducida, usuarias de ayudas técnicas como por ejemplo silla de ruedas. Este derecho es extremadamente importante pues al quedar excluidos del transporte y el libre desplazamiento por la ciudad, se vulneran también otros derechos, como acceso a la educación, trabajo y recreación fuera del hogar.

En 2004, a 10 años de haber sido promulgado el primer marco legal de protección a las personas con discapacidad en Chile, se aplicó el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC, que reflejó de manera fidedigna la situación de las personas con discapacidad en ese entonces. Pero pese a la relevancia de este Estudio, el primer y único generado hasta la fecha, no ha sido aplicado nuevamente, dejando sin sustento teórico y estadístico confiable la formulación de las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Otras encuestas como CASEN y CENSO que        también consultan por la situación de las personas con discapacidad, no cuentan con el nivel de confiabilidad que se requiere, pues no se basan en las recomendaciones de rigurosidad recomendadas a nivel internacional por las propias personas con discapacidad.

No disponer de cifras confiables es uno de los tantos problemas que nos aquejan, un motivo más que refleja la exclusión social. En este sentido, por ejemplo, ENDISC.

Chile 2004, daba cuenta de la precaria situación de las personas con discapacidad  consultadas en ese momento, más del 94% de los jóvenes y adultos mayores de 24 años, nunca había recibido atención de salud y rehabilitación en virtud de su discapacidad.

En este sentido, la salud en Chile, separada en pública y privada con altísimos niveles de dispersión en calidad y acceso, se encuentra enfocada solo a la atención de patologías aisladas, sin un enfoque integral que considere prevención ni mucho menos promoción de la discapacidad. Cabe destacar que a este nivel, las estrategias de rehabilitación con base comunitaria, cubren solo el 51% de las comunas de nuestro país, esto es la existencia de 143 Centros Comunitarios de Rehabilitación         (CCR) ubicados en zonas rurales y 96 Centros de Rehabilitación Integral. Bajo este panorama, las justas demandas de las personas con discapacidad en salud dicen relación con lo siguiente:

  • Disponibilidad de especialistas, calidad de la atención primaria y disponibilidad real de atención médica. Esto es otorgamiento real de las distintas  prestaciones que una persona con discapacidad y su familia requiere.
  • Aumentar cobertura de los Centros de Rehabilitación Comunitaria; el 49% de las comunas en Chile no dispone de estos Centros. Tampoco de los existentes se tiene información sobre su funcionamiento y cobertura en tipos y grados de discapacidad que atienden, no se verifica por ejemplo, acceso de personas con discapacidad mental, cobertura de medicamentos costosos y programas de prevención.
  • Acceso físico a los centros de salud, especialmente en zonas aisladas. Entre otras.

PANORAMA SOCIAL EN CHILE

Salud:

El 94% de los jóvenes y adultos mayores de 24 años, nunca ha recibido  atención de salud y rehabilitación en virtud de su discapacidad.

El 56% de las personas con discapacidad es Indigente, usuaria de la salud pública.

Seguridad Social:

El 81% vive con Pensión Básica Solidaria de Invalidez, esto es $ 82.000 mensuales (US$175).

El 19% no califica para obtener Pensión Básica Solidaria ni tiene trabajo.

Educación:

Un 42% no culmina la educación básica.

Trabajo:

En Chile hay 1.625.000 personas con discapacidad en edad de trabajar mayores de 15 años, de estos ENDISC de 2004, señala que el 75% se encuentra sin empleo.

Estudios independientes señalan que la cifra de cesantía asciende al 90%.

Entre quienes trabajan, un 9% trabaja en labores informales y que solo  el 1% encuentra un trabajo con contrato laboral.

* Fuente: Tesis de Integración Social, Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica Raúl Silva        Henríquez e *INE, Instituto Nacional de Estadísticas.

En Chile la Ley 20.422 señala que el Estado tiene la obligación de fomentar la Inclusión Laboral de las Personas con discapacidad. En este sentido, es el Estado entonces quien debe ser el primero en dar cumplimiento a este principio a través de la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad en la administración pública y desde ahí hacia las otras esferas de injerencia, sin embargo no ha habido avances en  esta materia.

Alejandro Hernández, Presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, Consultor en Discapacidad y con más de 27 años de trabajo por la reivindicación de  los derechos de las personas con discapacidad, señala que: “Es preciso mirar más allá de las estadísticas, las cifras y los denominados “individuos” para adentrarnos  en la realidad de personas, seres humanos sujetos de derecho que requieren  (especialmente de los niños), transporte, educación, trabajo, seguridad social y  vivienda, incluyendo la cultura, el ocio y el deporte, ya que el grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma que integra a las personas con discapacidad y a  quienes somos sus familiares”.

La Fundación Nacional de Discapacitados realiza la importante tarea de llevar a cabo acciones de educación y transformación social: acceso al trabajo, justicia, información, redes de apoyo, bienes y servicios, así como también a los derechos electorales y políticos.

Fuente: www.fnd.cl Fundación Nacional de Discapacitados  - Santiago de Chile

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